Seit einem halben Jahr organisiert der spanische Staat mithilfe von Frontex Kollektivabschiebungen (Refoulements) von Boat-people von den Kanarischen Inseln nach Mauretanien. Davon betroffen sind vor allem Malier*innen, die aus einem Land kommen, das bekanntermaßen durch Krieg, Terrorismus, Antiterrorismus und Vertreibungen gekennzeichnet ist. Mauretanien ist vertraglich gar nicht verpflichtet, Drittstaatler*innen von Spanien aufzunehmen. Die geflüchteten und kollektiv abgeschobenen Boat-people haben keinerlei Möglichkeiten, auf den Kanarischen Inseln den Asylstatus zu beantragen. Bei Abschiebungen sind in Spanien eine Vielzahl von Institutionen einbezogen. Richter*innen und Anwält*innen wurden bei diesen Kollektivabschiebungen rechtswidrig regelmäßig erst nach Abschiebungen in Kenntnis gesetzt, auch wenn juristische Soforteinsprüche eingelegt worden waren. Erstaunlich ist, dass die Nachricht von diesen Kollektivabschiebungen nicht schon seit einem halben Jahr, sondern erst vor zwei Wochen in die Öffentlichkeit gelangt ist. Dafür gesorgt haben nicht Jurist*innen und Mitarbeiter der zahlreichen Organisationen, die vor, während oder nach den Abschiebungen damit befasst sind, sondern Jesuit*innen. Nachdem die Nachricht in die Massenmedien gelangt war, melden sich namhafte Persönlichkeiten und Organisationen zu Wort.
Devoluciones exprés de Canarias a Mauritania: Interior ha expulsado a malienses que declararon su intención de pedir asilo
72 personas de Malí, entre ellas al menos 14 solicitantes de asilo, han sido deportadas a Mauritania este año aprovechando el acuerdo bilateral de devolución que este país mantiene con España
El 20 de enero, un vuelo de deportación de Frontex partió del aeropuerto de Gran Canaria con destino Noadhibu, Mauritania. En su interior, 46 personas que sobrevivieron al mar para alcanzar las Islas Canarias emprendían un viaje de vuelta al continente africano. De ellas, cuatro eran nacionales de Senegal, una de Costa de Marfil, 34 de Malí y solo siete regresaban a su país de origen. Siete días más tarde, el lunes 27, la historia se repitió.
Según datos publicados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo, en esta ocasión 42 personas viajaron a la capital mauritana desde el aeropuerto de Tenerife Norte en un operativo de la agencia europea de control fronterizo: tres senegalesas, una mauritana y 38 malienses. Estas deportaciones contradicen una de las condiciones establecidas en el acuerdo bilateral de devolución que España firmó con Mauritania en 2003, ya que el convenio especifica que los repatriados deben ser nacionales mauritanos. En caso de que pertenezcan a países terceros, deben haber transitado por el país.
Sin embargo, los autos de internamiento de 14 de los 72 malienses expulsados, a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, revelan que este grupo partió de Senegal. Además, todos expresaron su voluntad de solicitar protección internacional en España, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. Una decisión que fue trasladada a la Policía Nacional. A pesar de ello, estos fueron privados de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, mientras se tramitaba su expulsión definitiva, que no fue notificada al juzgado correspondiente hasta un día después de la deportación.
El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, sostuvo en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación que estas personas „no habían solicitado asilo porque si no, no habrían sido devueltas“. Además, subrayó que las deportaciones se ajustan a la legalidad y al convenio firmado con Mauritania. Este periódico ha preguntado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior acerca de las vías de comprobación de la nacionalidad de los migrantes que se utilizan antes de deportarlos así como del lugar del que partió la patera, pero no ha obtenido respuesta aún. Interior sí ha querido aclarar que el convenio se aplica a „países terceros“.
El artículo IX del acuerdo estipula que „la Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante“, en este caso España, „al nacional de un tercer Estado […] siempre que se acredite que dicho nacional de un tercer Estado ha transitado efectivamente por el territorio de la Parte Contratante requerida“. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la ONG que denunció estas devoluciones irregulares, teme que estas personas que ahora están en manos de las autoridades mauritanas sean devueltas a su país de origen. En la actualidad, se desconoce la ubicación de los expulsados, ya que una vez fuera de España, „se les pierde la pista“, apunta el SJM.
Malí, un país en guerra
Desde hace unos años, Malí, con quien España no tiene acuerdos de devolución, dejó de ser un lugar seguro, tal y como señaló Acnur en un informe publicado en julio de 2019. Los enfrentamientos por motivos étnicos y los ataques terroristas que asolan al país comenzaron en el norte, pero ahora „los límites no están bien definidos“.
La inseguridad afecta actualmente a los pueblos norteños de Tombuctú, Gao, Kidal, Taoudenni y Ménaka, pero también a la región central de Mopti y a las zonas sureñas de Koulikoro, Sikasso o Ségou. En todas estas zonas, según Acnur, el Observatorio de los Derechos Humanos ha detectado secuestros, ataques a escuelas y hospitales, agresiones sexuales, asesinatos y una alta situación de vulnerabilidad para los niños.
El mismo documento afirma que la Secretaría General de Naciones Unidas registró, solo en el último cuatrimestre de 2018, 64 ataques por grupos armados y 48 incidentes provocados por explosivos. Además, el Comisionado para los Refugiados afirma que el conflicto ha causado la muerte de casi 200 personas trasladadas al territorio para mantener la paz en los últimos seis años.
La situación, declarada de emergencia por el propio Gobierno maliense, ha provocado el desplazamiento forzoso de 137.975 personas a Burkina Faso, Mauritania y Níger y el incremento de emigrantes que han llegado a Europa por las rutas del Mediterráneo. También se han producido 106.164 movimientos internos, en especial a la capital, Bamako, una de las regiones menos afectadas por los conflictos junto a Kayes.
Viajar sin zapatos
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura identificó el 19 de septiembre de 2019 otro vuelo a Nouadhibou desde Tenerife con 17 migrantes a bordo. Ninguno era mauritano, pero no se especifica cuál era su nacionalidad. Entre el 6 y el 7 de junio un avión de Frontex salió del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino Mauritania haciendo escala de nuevo en el aeropuerto de Los Rodeos.
Más allá de la procedencia de los tripulantes, que fueron localizados en una patera al sur de Gran Canaria, las malas condiciones del viaje fueron puestas en evidencia por una técnica del MNP y un técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, que acompañaron a los deportados durante el trayecto.
Ambos concluyeron que la ausencia de intérpretes causó „grandes dificultades para poder establecer comunicación con los extranjeros“, para lo que sugirieron incluir siempre profesionales que hablen no solo las lenguas oficiales de sus países, sino también los distintos dialectos ya que, en el caso de las personas senegalesas por ejemplo, aunque el francés sea el idioma oficial, el más hablado es el wolof.
Precisamente el dialecto es una de las herramientas utilizadas en ocasiones para determinar la nacionalidad de las personas. Fuentes judiciales han explicado a este periódico que, en algunos casos, a pesar de que los migrantes aseguren ser de un país en concreto, los intérpretes les atribuyen otra procedencia apelando a su forma de hablar.
Los técnicos también notificaron que, en el vuelo de junio, una de las personas que bajó de los furgones en el aeropuerto de Tenerife estaba descalza, y que los repatriados no podían ir al baño mientras se aguardaba el embarque por falta de medios de acompañamiento. Por otra parte, una de las personas que fue devuelta a Mauritania aseguró que había hablado con su abogado y había solicitado asilo, pero que hasta la semana siguiente no se resolvería el trámite.
De acuerdo con la legislación española, la condición de refugiado se concede a „toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual“ esté fuera de su país y por estos temores no quiera regresar a él. La norma incluye entre los motivos de persecución a contemplar la pertenencia a un grupo étnico determinado, una de las causas que ha hecho estallar el conflicto en Malí. Según las últimas cifras publicadas por CEAR, 54.065 personas solicitaron asilo en España en 2018, en su mayoría (19.280) venezolanas, seguidas por las peticiones de Colombia (8.650).
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Las devoluciones indirectas de migrantes a Mali contravienen directrices de la ONU
CEAR afirma que Mauritania expulsa a los malienses a su país, que vive un grave conflicto
La espiral de inseguridad y violencia que afecta a Malí ha provocado que Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, cambiara sus directrices de protección el pasado verano para solicitar a los Estados que brinden refugio a los malienses que huyen de su país. En este contexto, las dudas se ciernen sobre las repatriaciones que está realizando España desde Canarias de migrantes de Malí hacia Mauritania, ya que se estarían vulnerando las directrices de Acnur porque muchos de estos migrantes acaban siendo devueltos a su país, sin que haya un control efectivo por las autoridades españolas.
„Ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto debería ser devuelta de manera forzosa a Malí, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo“, lanzó Acnur en verano, situación que sigue manteniendo. La Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió ayer que, si bien las devoluciones se están dirigiendo hacia Mauritania, la mayoría de los migrantes son malienses y éstos acaban siendo devueltos a su país. La organización humanitaria tiene contacto directo e indirecto con migrantes que, una vez llegados al país magrebí, han terminado en la frontera con Malí. El coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, argumenta que el pasado 21 de enero la agencia mauritana de información confirmó la expulsión de estas personas desde Nuadibú hacia el país vecino. El pasado viernes el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, admitió que no se sabe con certeza si Mauritania repatría a su vez a los ciudadanos malienses a su país cuando llegan desde Canarias. La Delegación del Gobierno mantuvo ayer su posición de que las deportaciones son legales en base al convenio que tiene España con Mauritania y que a los malienses se les ofrece la posibilidad de solicitar asilo.
CEAR cuestiona que, aunque los migrantes malienses llegados en patera a Canarias no hayan pedido la protección internacional a la que tienen derecho, no se puede poner sus vidas en riesgo „con una deportación a un país tercero a sabiendas de que su destino final será un país en conflicto“.
Tanto el Defensor del Pueblo como varias organizaciones humanitarias han documentado que la mayoría de los migrantes repatriados en los últimos vuelos salidos de los aeropuertos canarios hacia Mauritania afirmaban ser malienses. En los últimos ocho meses hasta siete vuelos han salido con migrantes deportados, los dos últimos en enero con más de un centenar de personas, la mayoría del país del Sahel atravesado por un conflicto de norte a sur que está provocando que miles de personas se desplacen de sus lugares de origen a los países limítrofes, entre ellos Mauritania. […]
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